INTERNATIONAL JOURNAL OF TOURISM, TRAVEL AND HOSPITALITY LAW capaz de superar la multiplicidad legislativa existente y dotar de una mayor organicidad interna al Derecho del Turismo. De igual modo, una protección integral del turista, entendido como consumidor, requiere una armonización de las normas sobre consumo que tienda a superar el fraccionamiento y la dispersión normativas actuales. Esta última, como se ha afirmado, es una tarea de primer orden. Los aspectos anteriormente enunciados son especialmente sensibles en materia de contratos turísticos, tal y como ha sido estudiado. Por último y sin que ello signifique que no puedan ser advertidas otras muchas esferas en las que se deberá trabajar en pos de un mejoramiento del sector turístico, se debe apuntar a la necesidad de una mayor armonización entre la actividad turística pública y la contribución a la misma del sector privado. Se trata de un empeño en continua transformación que tributaría al perfeccionamiento de uno de los rubros que distingue de manera particular a Cuba. Los últimos meses (si se toma como punto de partida marzo de 2020) apuntan a la necesidad de una tutela no solo de la actividad turística realizada por entes pertenecientes al sistema del Mintur, además, resulta apremiante una protección del sector privado (cuentapropistas y, más recientemente, las pequeñas y medianas empresas) cuya actividad se ha visto sensiblemente afectada por el cierre de fronteras y por la escasa movilidad dentro del territorio nacional. La realidad nacional e internacional que desde los inicios del 2020 ha signado los destinos de la economía y del tráfico jurídico, aconseja que se perfile una protección cada vez más efectiva no solo de los turistas-consumidores sino, también, de las personas -que en el sector público o en el privado- prestan servicios relacionados, directa o indirectamente, con el sector turístico. La reciente aparición de nuevos sujetos de la economía nacional y los retos que la misma debe afrontar, señalan al sector turístico como una realidad viva y con potencialidades de crecimiento. Pero este crecimiento no solo debe apuntar a los indicadores económicos, sino que debe permitir que se establezca un oportuno balance entre la prestación de los servicios, la tutela efectiva de los derechos de los consumidores de los mismos, la sostenibilidad de la actividad y, en definitiva, los intereses de la sociedad y de la persona.
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