realizada por entes pertenecientes al sistema del Mintur, además, resulta apremiante una protección del sector privado (cuentapropistas y, más recientemente, las pequeñas y medianas empresas) cuya actividad se ha visto sensiblemente afectada por el cierre de fronteras y por la escasa movilidad dentro del territorio nacional. La realidad nacional e internacional que desde los inicios del 2020 ha signado los destinos de la economía y del tráfco jurídico, aconseja que se perfle una protección cada vez más efectiva no solo de los turistas-consumidores sino, también, de las personas -que en el sector público o en el privado- prestan servicios relacionados, directa o indirectamente, con el sector turístico. La reciente aparición de nuevos sujetos de la economía nacional y los retos que la misma debe afrontar, señalan al sector turístico como una realidad viva y con potencialidades de crecimiento. Pero este crecimiento no solo debe apuntar a los indicadores económicos, sino que debe permitir que se establezca un oportuno balance entre la prestación de los servicios, la tutela efectiva de los derechos de los consumidores de los mismos, la sostenibilidad de la actividad y, en defnitiva, los intereses de la sociedad y de la persona.
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